Los volcanes han modelado nuestro planeta durante millones de años, dando origen a paisajes espectaculares y suelos fértiles. Sin embargo, su actividad también representa un desafío para la infraestructura y el desarrollo. A nivel global, eventos como la erupción del Monte Santa Helena en 1980 (EE. UU.) o la del Eyjafjallajökull en 2010 (Islandia) han demostrado el impacto económico de las erupciones, afectando redes de transporte y proyectos de infraestructura. En Latinoamérica, países como Ecuador, Chile y Colombia han aprendido a convivir con la actividad volcánica, implementando estrategias de monitoreo para mitigar riesgos.
Las geociencias desempeñan un papel fundamental en la vigilancia volcánica y en la planificación de infraestructura segura. A través de la combinación de datos sísmicos, geoquímicos y satelitales, los científicos pueden anticipar cambios en la actividad volcánica y evaluar su impacto potencial. El monitoreo continuo es clave para detectar señales tempranas de actividad. Entre las principales tecnologías utilizadas se encuentran las redes sismológicas, que identifican inestabilidad y movimientos magmáticos; los sensores GNSS e InSAR, que miden deformaciones del terreno y la presurización del magma; el análisis geoquímico, que detecta concentraciones de SO₂ y CO₂ indicativas de actividad magmática ascendente; y las cámaras térmicas y satélites, que permiten observar variaciones de temperatura en cráteres y fumarolas. Estas herramientas son esenciales para la protección de poblaciones y la planificación de proyectos estratégicos en regiones volcánicas como la Región Caribe, el Eje Cafetero y el suroccidente de Colombia.
Las erupciones volcánicas pueden causar pérdidas económicas masivas. La erupción del Pinatubo en 1991 (Filipinas) generó daños por más de 700 millones de dólares, mientras que la del Nevado del Ruiz en 1985 dejó más de 25,000 muertos y un impacto económico incalculable. Infraestructuras como represas, túneles, viaductos, carreteras y aeropuertos pueden verse afectadas por flujos de lava, lahares o caída de ceniza, lo que hace imprescindible contar con planes de mitigación sólidos. Existe también una creciente preocupación sobre la relación entre el cambio climático y la actividad volcánica. Estudios recientes sugieren que el derretimiento de glaciares en volcanes andinos podría desestabilizar sus estructuras y aumentar el riesgo de erupciones. Esto refuerza la necesidad de incluir el monitoreo e investigación volcánica dentro de las políticas de adaptación al cambio climático. Actualmente, en Colombia se monitorean 25 volcanes magmáticos activos, pero, ¿existe otro tipo de volcanes?
El 11 de noviembre de 2024, en Antioquia, Colombia, se reportó la erupción del volcán de lodo “Los Aburridos”. En el país se han identificado más de cien volcanes de lodo, principalmente en la región Caribe, sin que existan suficiente investigación sobre éstos para gestionar adecuadamente sus riesgos asociados. Estos volcanes pueden liberar gases como dióxido de carbono y metano, contaminando el aire y el agua, además de generar riesgos como inundaciones y alteración de ecosistemas. Las preguntas que surgen son: ¿qué habría sucedido si se hubieran construido obras de infraestructura en su área de influencia sin estudios previos?, De ser así ¿La compañía encargada de los estudios y diseños, debería asumir las perdidas?
Para evaluar el impacto de un volcán en un proyecto de infraestructura, ya sea una carretera, puente, represa, central hidroeléctrica o edificación urbana, es fundamental analizar su actividad y los peligros asociados. Los estudios de diseño en zonas volcánicas deben contemplar la historia eruptiva del volcán, su tipo de actividad y los eventos geológicos previos. Para ello, los geólogos analizan la frecuencia y magnitud de erupciones pasadas, estudian los depósitos volcánicos para determinar el alcance de flujos piroclásticos, lahares, lodo y caída de ceniza, y monitorean la actividad sísmica y la deformación del terreno para detectar cambios en el sistema volcánico.
Los resultados de estos estudios incluyen la elaboración de mapas de riesgo que identifican las zonas más expuestas a flujos de lava, lahares, flujos piroclásticos y caída de ceniza. Además, se recomienda realizar modelación numérica y evaluación de riesgos para simular distintos escenarios eruptivos y su impacto en la infraestructura. Herramientas como TITAN2D y FLOW3D permiten modelar la dinámica de flujos piroclásticos y lahares, mientras que los modelos de Mogi y Okada ayudan a estimar la deformación superficial generada por el ascenso de magma. Con base en estos análisis, es posible tomar decisiones estratégicas como la ubicación de infraestructuras en zonas de menor riesgo, el diseño de edificaciones con techos reforzados para soportar acumulaciones de ceniza y la construcción de drenajes y canalizaciones para desviar lahares y proteger asentamientos y vías de comunicación.
Cualquier proyecto de infraestructura en sus áreas de influencia debe considerar estos factores en su diseño, vigilancia y mantenimiento. La tragedia de Armero en 1985, tras la erupción del Nevado del Ruiz, demostró el impacto devastador que los lahares pueden tener en poblaciones y carreteras, subrayando la importancia del monitoreo volcánico. Como resultado, se fortaleció la Red Nacional de Vigilancia Volcánica, que hoy cuenta con múltiples estaciones de monitoreo a lo largo del país. Sin embargo, persisten desafíos como la necesidad de ampliar la cobertura en zonas de difícil acceso y fortalecer la inversión en investigación. Países como Japón destinan más de 100 millones de dólares anuales al monitoreo volcánico, lo que resalta la importancia de una inversión sostenida en este ámbito.
En Colombia, la Ley 1523 de 2012 sobre gestión del riesgo de desastres establece que la planificación de infraestructura debe considerar los riesgos naturales. Por ello, los contratos de diseño deben incluir explícitamente la evaluación de riesgos geológicos. Omitir este requisito puede derivar en sanciones administrativas para las entidades responsables, e incluso en acciones penales si se demuestra dolo o negligencia con consecuencias catastróficas.
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